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Entre planes, promesas y becas tenemos confundidos a los investigadores y doctorandos en España. El nuevo Estatuto del becario que no ha gustado a muchos, el Plan I+D+i 2004-2007 con el que promete el gobierno impulsar poderosamente esta actividad entre las instituciones y empresas. Y mientras, surgen nuevas oportunidades para iniciarse o formarse en la investigación, dentro y fuera de España.
Menudo el revuelo que ha armado estas dos últimas semanas el Ministerio de Ciencia y Tecnología, encabezado por Juan Costa, con la aprobación del tan esperado “Estatuto del Becario”, reforma a la que, no olvidemos, el Gobierno se había comprometido hace años. Y es que lo que se anunciaba como la definitiva mejora de la situación para todos los jóvenes investigadores españoles ha decepcionado de tal manera que sin apenas dilación han querido manifestar públicamente su más absoluto rechazo de éste nuevo Real Decreto.
Los becarios de investigación carecían de una regulación general sobre su régimen jurídico mínimo. Básicamente, según se ha informado desde el ministerio implicado, se ha querido subsanar esta injusta situación y así de paso definir una carta de derechos y deberes básicos con la finalidad de equipararles a cualquier trabajador, salvo el seguro de desempleo debido a que el Gobierno considera que la actividad ejercida por los becarios no tiene carácter laboral sino formativo.
El Estatuto considera, por tanto, becarios a los titulados universitarios con grado de doctor. También a aquellos que posean un certificado-diploma de suficiencia investigadora, que se obtiene cuando se superan las fases de docencia en cursos y seminarios de investigación previas a la lectura de una tesis doctoral. Estos deberán disfrutar de una beca cuyo programa este inscrito en un Registro de programas de becas que crea el Real Decreto y cuya inscripción es voluntaria.
Su afiliación a la Seguridad Social incluye los supuestos de accidente de trabajo, considerando como tal el que sufran los beneficiarios de becas de investigación con ocasión o por consecuencia del desempeño de las tareas y funciones inherentes a su actividad, y la enfermedad profesional. El coste que supondrá para la Administración General del Estado esta adscripción de los becarios al régimen de la Seguridad Social asciende a 5.315.158 euros.
La reacción de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI) ha sido inmediata, denunciando, en boca de su Secretario, Joaquín de Navascués, que más allá representa un retroceso respecto a lo que el Consejo Económico y Social insinuó, y al que este organismo ya planteó diversas objeciones. Además, a la federación le disgusta que la norma deje fuera a los becarios de primer y segundo año y a los de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Pero es, sobretodo, el no reconocimiento al derecho al paro lo que más ha disgustado a este colectivo que con toda la razón han celebrado esta semana tres multitudinarias manifestaciones: en Madrid, Barcelona y Granada.
¡Precarios!, podéis estar tranquilos que el Gobierno tiene un plan...
 Desde luego, España nunca se ha caracterizado por sus abultadas partidas presupuestarias en programas de Investigación y Desarrollo. La escasa inversión en I+D es considerado como el principal obstáculo al desarrollo científico y tecnológico de España. Y eso lo viene denunciando la comunidad científica desde hace más de diez años como dato relevante añade que la inversión en I+D no llega al 1% del PIB, mientras que en países científicamente competitivos como Estados Unidos, Japón, Francia o Alemania supera el 2%.
No obstante, de nuevo el gobierno español ha querido dar amplia publicidad al trascendente Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) 2004-2007, precisamente aprobado el pasado 7 de noviembre en consejo de ministros. Todo un compendio de buenas intenciones que como objetivo concreto pretende que la inversión en I+D pase del actual 0,96% del PIB, a un 1,22% en el 2005 y un 1,4% en el 2007. En cuanto al gasto en innovación con respecto al PIB deberá superar el 2,1% en 2005 y el 2,5% en el año 2007. Para ello, el Plan estima que la Administración habrá destinado a I+D+i en los dos primeros años un 20 por 100 más con respecto a 2003. Se habrá pasado de dedicar 4.000 millones de euros anuales a destinar a la investigación, desarrollo y la innovación más de 4.800 millones de euros.
La participación empresarial es uno de los puntos en los que el Plan incide de manera especial, puesto que estima que el sector privado aportará en 2005 más del 56 por 100 del total de la inversión, y en el entorno del 60 por 100 a la finalización del Plan. Según las últimas estimaciones para este año, la aportación del sector privado en la I+D+i va a ser en torno a un 54,5 por 100.
El Plan pretende no sólo elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, sino también promover un tejido empresarial innovador y crear un entorno favorable a la inversión en I+D+i, sin perder de vista que es necesaria una mayor interacción entre el sector público y el privado. Se busca alcanzar en España un ratio de más de 29 empresas innovadoras por cada 100, frente a las 23,5 actuales.
Para reforzar la necesaria inversión en I+D, el Plan Nacional prevé mejoras fiscales a la inversión en Investigación y Desarrollo, a través de mayores deducciones directas; el incremento de la deducción para gastos de personal investigador; el incremento de la base de deducción para la adquisición de patentes, licencias y diseños, así como la elevación del límite aplicable a la deducción por I+D+i en las tecnologías de información y la comunicación.
En cuanto a los recursos humanos que hacen posible la investigación y el desarrollo, es decir, básicamente el colectivo de investigadores y titulados en ciencias, el Gobierno se declara muy ambicioso. A través de este plan pretende alcanzar el ratio de cinco investigadores por cada mil ciudadanos en activo, acercándose a la media comunitaria. Para ello quiere seguir apostando por programas como el Ramón y Cajal o Torres Quevedo. Además, se busca también superar el 29 por 100 de investigadores en el sector empresarial en el período de vigencia del Plan, así como incrementar en más de 3.000 las nuevas plazas y contratos de investigadores en el sistema público e incrementar en más de 3.500 los nuevos contratos de doctores y tecnólogos en el sistema privado.
Quiere el gobierno establecer una proyección clara de la carrera del investigador en el sistema español de ciencia: a través de Estatuto del Becario, a través del mantenimiento de las becas predoctorales, a los tecnólogos y las becas en el extranjero, a través de la creación de programas para científicos-jóvenes (Programa Juan de la Cierva) y de programas para líderes (Programa Severo Ochoa), a modo de contratos, y a través del incremento de la Oferta de Empleo Público.
Fuente: Aprendemas.com
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